La nacionalidad clásica
El vínculo al que denominamos “nacionalidad” constituye una condición jurídica que comprende derechos y deberes que vinculan a una persona con una Nación, es uno de los derechos fundamentales del hombre y como tal ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de 1948, al disponer en su artículo 15 que ‘toda persona tiene derecho a una nacionalidad’
La negación de la nacionalidad convierte en apátrida a quien la sufre que se coloca en un estado muy precario pues le falta un derecho humano de la persona. La nacionalidad, a pesar de los procesos globalizadores y de integraciones supranacionales, sigue marcada por los vínculos étnicos, culturales e históricos. Por ello, su adquisición se consolida a través de mecanismos tradicionales denominados “ius soli” y “ius sanguinis” y también por residencia efectiva tras un número determinado de años. Los diversos ordenamientos jurídicos también han previsto formas de adquisición de la nacionalidad por concurrencia de determinadas circunstancias excepcionales normalmente con otorgamiento ampliamente discrecional por parte de la autoridad.
Los nuevos tiempos
Asistimos a una nueva fase de la regulación de la nacionalidad. Ante la profunda crisis financiera, muchos países se han lanzado a la venta de los derechos de nacionalidad a cambio de aportaciones financieras al erario del país.
Los Estados de la Unión Europea han sacado a subasta el derecho a la nacionalidad. El caso más llamativo comenzó siendo el de Malta cuando anunció la posibilidad de adquirir su nacionalidad a cambio de invertir 650.000 euros sin exigir ningún tiempo de residencia ni renuncia a la nacionalidad de origen. Pronto se generalizó el ejemplo y el “interés económico” ha llevado a diferentes países a regular las residencias y nacionalidades a cambio de importantes inversiones. Las condiciones no son las mismas en todos los países: invertir en la industria, comprar deuda nacional…
La idea hace furor en Europa, –de Riga a Amsterdam pasando por Lisboa o La Valette-, las capitales europeas venden los permisos de estancia en su territorio entre 75.000 y 2 millones de euros que, según las circunstancias, sirven para instalarse tranquilamente e incluso comprar la nacionalidad del país en cuestión.
Veamos algunos ejemplos:
El vínculo al que denominamos “nacionalidad” constituye una condición jurídica que comprende derechos y deberes que vinculan a una persona con una Nación, es uno de los derechos fundamentales del hombre y como tal ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de 1948, al disponer en su artículo 15 que ‘toda persona tiene derecho a una nacionalidad’
La negación de la nacionalidad convierte en apátrida a quien la sufre que se coloca en un estado muy precario pues le falta un derecho humano de la persona. La nacionalidad, a pesar de los procesos globalizadores y de integraciones supranacionales, sigue marcada por los vínculos étnicos, culturales e históricos. Por ello, su adquisición se consolida a través de mecanismos tradicionales denominados “ius soli” y “ius sanguinis” y también por residencia efectiva tras un número determinado de años. Los diversos ordenamientos jurídicos también han previsto formas de adquisición de la nacionalidad por concurrencia de determinadas circunstancias excepcionales normalmente con otorgamiento ampliamente discrecional por parte de la autoridad.
Los nuevos tiempos
Asistimos a una nueva fase de la regulación de la nacionalidad. Ante la profunda crisis financiera, muchos países se han lanzado a la venta de los derechos de nacionalidad a cambio de aportaciones financieras al erario del país.
Los Estados de la Unión Europea han sacado a subasta el derecho a la nacionalidad. El caso más llamativo comenzó siendo el de Malta cuando anunció la posibilidad de adquirir su nacionalidad a cambio de invertir 650.000 euros sin exigir ningún tiempo de residencia ni renuncia a la nacionalidad de origen. Pronto se generalizó el ejemplo y el “interés económico” ha llevado a diferentes países a regular las residencias y nacionalidades a cambio de importantes inversiones. Las condiciones no son las mismas en todos los países: invertir en la industria, comprar deuda nacional…
La idea hace furor en Europa, –de Riga a Amsterdam pasando por Lisboa o La Valette-, las capitales europeas venden los permisos de estancia en su territorio entre 75.000 y 2 millones de euros que, según las circunstancias, sirven para instalarse tranquilamente e incluso comprar la nacionalidad del país en cuestión.
Veamos algunos ejemplos:
- Chipre: para acceder a la ciudadanía hay que desembolsar al menos 5 millones de euros en la adquisición de inmuebles manteniendo la inversión un plazo mínimo de tres años.
- España: se otorgan permisos de residencia a quienes compren inmuebles por valor de al menos 500.000 euros o inviertan dos millones de euros en bonos del Estado a cinco años como mínimo o un millón en títulos de empresas españolas, que también pueden ser depositados en un banco. Los inversores importantes tienen otras vías más directas.
- Irlanda: fue pionera al ofrecer permisos de residencia a los inversores privados con el objetivo de atraer fondos extraeuropeos. En el caso de las inversiones en inmuebles, la cantidad mínima que se exige son 500.000 euros, a los que habría que añadir la misma cantidad en deuda irlandesa.
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