La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ha reabierto un debate profundo sobre justicia, prevención y responsabilidad estatal. Mientras el gobierno impulsa reformas para juzgar a adolescentes desde los 14 años, la pastoral carcelaria —con décadas de trabajo dentro de los penales— sostiene que la cárcel no es la solución y que encerrar más temprano, solo agrava un problema estructural.
Por primera vez, la pastoral carcelaria participa en el Encuentro "Hacia una Iglesia sinodal en red", un espacio continental donde confluyen diversas realidades eclesiales. Allí, María Patricia Alonso, con 25 años de experiencia en el acompañamiento a personas privadas de la libertad y actual secretaria ejecutiva de esta dependencia de la Conferencia Episcopal, habló sobre su experiencia pastoral y expuso una postura clara: el debate no puede centrarse en el castigo, sino en la prevención. “La primera vez que el Estado mira a muchos de estos chicos es para castigarlos”, afirmó.
La experiencia cotidiana en las cárceles le permite a María Patricia Alonso sostener que “la mayoría de los adolescentes involucrados en delitos provienen de contextos marcados por la pobreza estructural, la exclusión educativa y la ausencia de políticas públicas sostenidas”.
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