11 millones de personas en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. Más de 6 millones en exclusión severa, cerca de 2 millones más que hace tres años, lo que convierte a este grupo en el que más ha crecido durante la pandemia.
Pone estos datos en la mesa Cáritas, que ve «una fuga imparable hacia una sociedad más desigual», fenómeno facilitado por «un sistema de protección social incompleto e insuficiente». ¿Y no lo amortigua el Ingreso Mínimo Vital? No, según la principal organización caritativa de la Iglesia católica, que en un informe presentado este miércoles sobre el impacto social de la pandemia alerta con dos datos de que la prestación se queda corta con los que más la necesitan: de los hogares en «pobreza severa», sólo un 26% ha logrado realizar el trámite y casi la mitad del total de solicitantes han recibido ya una denegación por respuesta.
Todo ello lo recoge el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y perspectivas 2021, que lleva la firma de la Fundación Foessa, constituida en 1965 por Cáritas.
El estudio apunta a un salto cualitativo en las consecuencias de la crisis: crece con fuerza el porcentaje de hogares en los que el clima de convivencia es problemático. La principal organización caritativa de la Iglesia católica es expresiva en su diagnóstico. Algunas frases: «Una ola gigante está azotando al conjunto de la sociedad española». «La crisis nos deja un impacto desolador». «La pandemia ha golpeado con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, a los que tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social ni tenían el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008″.
Son conclusiones soportadas por datos. La integración plena en 2021, es decir, la vida sin ningún rasgo de exclusión en áreas como vivienda, salud, educación, empleo y relaciones sociales, es disfrutada sólo por por algo más de 4 de cada 10 hogares de España, un 41,2%, mientras en 2018 eran el 49,3%. Se ha alcanzado la frontera de los 11 millones de personas en «exclusión social», después de «un ensanchamiento» de dicho espacio, con 2,5 millones más que en 2018. «Se trata de un empeoramiento generalizado de los niveles de integración», señala Cáritas.
Empleo y vivienda
El informe cita varios condicionantes que empeoran la situación, como los hijos a cargo, dada la «debilidad de los apoyos públicos» a las familias. Están en «riesgo de exclusión» el 27% de las parejas con hijos, frente al 18% de las que no tienen hijos. El país de origen también marca. La pandemia «ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha cronificado una obvia posición de desventaja» que se evidencia en una clara «sobrerrepresentación» de este grupo en el espacio de la exclusión (38% del total) y más aún en el de la exclusión severa (65%).
Foessa no define en abstracto la exclusión o la inclusión social, ni tampoco la categoría severa, sino a través de un complejo sistema de indicadores que abarcan empleo, consumo, vivienda, educación, salud y conflicto o aislamiento social. La pandemia ha sido especialmente grave en lo referente a empleo y vivienda, señala Cáritas, que cifra en un 25% los hogares con «graves dificultades» en empleo, por ausencia o precariedad. El porcentaje de hogares con todas las personas activas desempleadas ha pasado del 5,9% en 2018 al 10,3% en 2021. El porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal está en «inestabilidad laboral grave» ha subido del 4,8% al 10,3% en el mismo periodo.
Pero no se trata sólo de contar o no con un empleo, sino de su calidad, recalca Cáritas, que insiste en un problema ya detectado: los trabajadores pobres. «El empleo no asegura la integración social», señala el estudio. En cuanto a la vivienda, el quid no reside únicamente en la renta o la hipoteca. «Vivienda, energía, agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados», dice Cáritas. El 14% de los hogares quedan en pobreza tras cubrir los gastos del hogar, según la ONG de la Iglesia, que alerta de un incremento de situaciones «hacinamiento» e «insalubridad». La exclusión del consumo pasa del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021.
